martes, 24 de enero de 2012

CEOE, 1 - Sindicatos, 0

La pasada madrugada, los principales sindicatos españoles (CCOO y UGT) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) llegaban a un principio de acuerdo sobre uno de los asuntos más espinosos de la próxima Reforma Laboral, la actualización de los salarios. En virtud de ese principio de acuerdo, los salarios subirán este año un 0,5%, mientras que para 2013 y 2014, el incremento máximo será del 0,6%. En todos los casos, las subidas se quedarán muy por debajo de lo que se incremente el IPC, que hasta ahora ha servido de base para negociar las subidas salariales a comienzos de año. Además, las subidas ya pactadas en Convenios Colectivos sólo se aplicará si el IPC supera el 2%. Esto es, si en el citado convenio hay pactada una subida del 1%, y el IPC sube un 2,5%, tan solo se sumarían cinco décimas a lo estipulado en el Convenio Colectivo. A grandes rasgos, este es el acuerdo que se une al que sindicatos y empresarios entregaban hace unas semanas al Gobierno de Mariano Rajoy, sobre aspectos como solución extrajudicial de conflictos, traslado de festivos, mutuas y absentismo y prejubilaciones, entre otros.
Esta vez hay que reconocer que la patronal ha conseguido una victoria frente a los sindicatos que va a ser muy difícil de justificar por parte de éstos en sus principales foros de debate. En primer lugar, tanto UGT como CCOO han aceptado una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del Estado Español en detrimento de lograr un acuerdo, y temiendo además que, de no hacerlo, el Ejecutivo del Partido Popular cree una Reforma Laboral mucho más agresiva que la actual. Tanto Cándido Méndez (líder de UGT) como Ignacio Fernández Toxo (secretario general de CCOO) habrán pensado que es mejor ceder una parte por iniciativa propia que perderlo todo frente a un Gobierno que cuenta con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
Por contra, tanto Méndez como Toxo creen haber arrancado de la patronal unas condiciones para que esta pérdida de poder adquisitivo no sea tan acusada. Por un lado, pide tanto a las Administraciones como a las empresas un control de precios, además de la reinversión de los beneficios empresariales y una moderación en los salarios de directivos y altos ejecutivos. Palabras huecas que se quedarán como papel mojado. Pedir una moderación de precios a la Administración en tiempos de crisis es como hablar con una pared, ya que el Estado necesita ingresos extra que los obtendrá vía subida de impuestos (la subida del IRPF es solo el primer paso. Tarde o temprano, el Gobierno volverá a subir el IVA). Pedir una moderación de precios a las empresas es también una quimera. Las empresas buscan aumentar ingresos y, por lo tanto, beneficios. Es la propia empresa la que fija el precio de un producto o servicio, no los agentes sociales.Y además, también es la misma empresa la que fija el salario de sus altos directivos y la que decide en qué invertir sus beneficios. Normalmente, estos beneficios repercuten en el bolsillo de los accionistas o propietarios. De hecho, no hace falta ser un lince para saber que en épocas de bonanza los beneficios se quedan en la empresa y en tiempos complicados se recortan gasto en el área de personal.
El preacuerdo también contempla una flexibilidad interna negociada, esto es, que empresas y trabajadores acordarán cambios en jornadas laborales, horarios, horas extra o distribución de las horas de trabajo. En teoría, se busca el diálogo. En la práctica, les traduzco cómo queda esta parte del acuerdo. La empresa necesita más horas de trabajo, distribuidas de forma que a la empresa les beneficie más, por el mismo o menor sueldo. Sin muchas críticas además, ya que la tasa de paro de la que disfruta España hoy en día se convierte en el caldo de cultivo idóneo para encadenar, de manera casi infinita, contratos temporales.
Con todo, queda aún por negociar la joya de la corona: modalidades de contratación y despido. Dicen los sindicatos que no van a ceder ni un ápice en este aspecto. Visto lo visto, cuesta creerlo.

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