martes, 5 de abril de 2011

La imposibilidad de ser legal

La decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar a Sortu es una decisión que creo no debería extrañar a nadie. Desde que esta formación política irrumpiera en la vida política vasca, nadie ha quedado indiferente. Su condena de la violencia, incluso de la perpetrada por ETA, su alusión a las víctimas y al terrorismo (dos palabras nunca utilizadas por ese entorno antes) hacía pensar que muchas cosas en la denominada 'izquierda abertzale' estaban cambiando. Incluso sus estatutos reflejaban todos y cada uno de los requisitos que exigía la Ley de Partidos.
Mucha gente se puso nerviosa, sobre todo la que ha hecho de su confrontación con el conflicto en Euskadi su forma de vida. Alguna que otra asociación de víctimas, algún que otro partido político, alguna que otra asociación judicial pedían de forma inmediata la ilegalización de Sortu, sin ni siquiera haber leído sus estatutos. Y llegamos al momento en que el Tribunal Supremo ilegaliza Sortu, pero no lo hace de forma unánime, sino que siete jueces utilizan su voto particular para denunciar que la decisión de sus otros nueve compañeros no está basada en pruebas, sino en intenciones. Las cartas ya están sobre la mesa.
Con toda, esta decisión de los siete jueces supone un punto de inflexión. La postura judicial ya no es unánime, con lo que tal vez las intenciones y las palabras de Sortu sí que se ajusten a derecho. Además, esto pone de relieve la hipocresía, el cinismo y la doble moral con la que se ha hablado siempre de la legalización o no de la 'izquierda abertzale'. Los requisitos que se les exigía hace un año ya no son los mismos que ahora, se ha ido subiendo el listón de las exigencias conforme se iba dilucidando la posibilidad de un cambio en ese entorno. Y esto prueba que a mucha gente de este país no quiere la legalización de ese mundo, que les conviene avivar el conflicto por sus altos réditos tanto electorales como sociales y propagandísticos.
Desde aquí les invito a hacer una pequeña reflexión. No se extrañen si es la propia Batasuna la que presenta sus credenciales para su legalización. ¿Quién iba a hacerlo sino? Son ellos mismos los que deben presentarse, son esas mismas caras que antes eran ilegales las que deben ser legales ahora. Porque de no ser así, ¿qué se ha estado exigiendo desde 2003?

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