viernes, 30 de julio de 2010

Un paso más

Cataluña se ha convertido en la segunda comunidad autónoma del Estado Español, después de Canarias, en prohibir las corridas de toros. Y creo que el hecho se merece varios comentarios al respecto.
El primero, y creo que el principal, es el hecho de que esta prohibición no es sino un pequeño paso que no hace sino demostrar que, a pesar de todo, la sociedad avanza hacia algo que podría calificarse un mundo mejor. Las corridas de toros son un hecho anacrónico y salvaje, que ensalza el sufrimiento y una lucha que en ningún caso es de igual a igual.
El segundo, y creo que el más peligroso, es hacer creer a la sociedad que la decisión del Parlamento de Cataluña no es sino otra muestra del ‘hecho diferencial catalán’. No vamos a negar aquí, porque es un hecho objetivo, que hay un ‘hecho diferencial catalán’. Sin embargo, la petición de prohibición de las corridas de toros no parte de ninguno de los partidos nacionalistas catalanes, sino de una iniciativa popular apoyada por 150.000 firmas. Una propuesta que llega al Parlamento y que obliga a la apertura de una comisión en la que participan representantes de sectores anti y pro taurinos. Y como colofón, una votación en la que PSC y CiU, los dos partidos mayoritarios, dan libertada de voto a sus diputados. La petición es hecha por ciudadanos, donde con toda seguridad habrá militantes y simpatizantes de todas las fuerzas políticas. Como proceso democrático no hay ninguna pega. Por eso, choca mucho que los afectados por la decisión del Parlamento hablen de falta de libertad.
El problema para un sector de la sociedad española es que ha sido Cataluña la que ha dado el paso. Canarias lleva sin corridas de toros desde comienzos de los 80, y nadie se ha rasgado las vestiduras. Y por eso, aún es más reprobable la actitud del PP en este caso, una actitud de la que está abusando y que pone en tela de juicio su fe en el sistema democrático español. Según éste, las decisiones adoptadas en una cámara de representantes por mayoría son totalmente democráticas, tanto si se acoplan a nuestros intereses como si no. Pero el PP ha encontrado en el recurso, ya sea en los tribunales (caso del Estatuto de Cataluña) o en un Parlamento de rango superior (caso del caso que nos ocupa) una manera de intentar obtener una victoria política que no ha podido conseguir en el foro adecuado. ¿Qué confianza en el sistema intenta transmitir el PP? La respuesta es simple: ninguna. Si no creen en el sistema, que dejen a un lado la constante campaña electoral en la que están sumidos cuando no están en el poder y que no acudan a las próximas elecciones.
Con el recurso del Estatuto y la decisión de llevar la prohibición de las corridas de toros al Congreso de los Diputados, el PP sigue cosechando ‘simpatías’ en Cataluña.

miércoles, 7 de julio de 2010

¡Joder, que tropa!

¡Qué calorcillo! Con esta frase tan 'ingeniosa' sorteaba Mariano Rajoy a los periodistas que buscaban alguna reacción a la detención del presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, por su presunta implicación en una trama de corrupción en la provincia de Alicante.
La Comunidad Valenciana, el otrora granero de votos y principial bastión del PP en todo el Estado Español, se está convirtiendo en un problema. Y no por la pérdida de votos (las encuestas siguen dando una ventaja brutal al PP frente al PSOE), sino porque los tres líderes regionales están implicados en casos de corrupción. El presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, está siendo investigado desde 2003 y ha movido en seis años 5,3 millones de euros, 73 veces su sueldo oficial, en sus 94 cuentas bancarias, y defraudó a Hacienda 1,7 millones. Francisco Camps, líder del PP de la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalitar, vuelve a ser investigado por su relación con la trama Gürtel. Alfonso Rus, aunque no está implicado en ningún caso, chirría por sus formas. A este panorama hay que sumar al presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll.
Las reacciones en el PPCV han sido diversas. Por un lado, el entorno de Camps mostraba prudencia en público, aunque en privado mantienen una satisfacción muy poco disimulada por la situación de Ripoll, que hace unas semanas se convirtió en el principal caballo de los partidarios de Camps. Por otro lado, muy pocos han mostrado su apoyo a Ripoll, salvo unas declaraciones histriónicas de González Pons volviendo a acusar a Ministerio del Interior, Policía y Jueces de urdir una trama contra el PP. Y qué decir de Radio Televisió Valenciana. Si Gürtel no existió, este caso sí que motivó espacios en los informativos. Toda una declaración de intenciones: Camps no se ha pronunciado, pero sus voceros sí lo han hecho.
A pesar de lo que desee Rajoy y sus más fieles, los casos de corrupción en la Comunidad Valenciana han dejado de ser una cuestión regional. El único aval que sostiene a Camps y los suyos es la gran diferencia en votos con el PSOE que mantiene en la Comunidad. Rajoy se equivoca al hacer como si no pasara nada, esperando a que la Justicia le haga el trabajo sucio y creyendo que a los ciudadanos no les interesa los casos de corrupción, sino la crisis económica. Rajoy es muy consciente del mensaje que transmite: la corrupción sólo existe cuando se conocen casos como el de Fabra, Camps y Ripoll, cuando salen a la luz pública. El problema es que este mensaje se vuelve en su contra. Por ahora, Rajoy no puede tomar ninguna medida contra Ripoll, no lo ha hecho ni con Camps ni con Fabra.